Por todos es sabido ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante Sentencia de 27 de febrero de 2014, declaró incompatible con la normativa europea la norma interna española que regulaba el Impuesto sobre Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos (también conocido como céntimo sanitario), el cual, a la postre, ha resultado ilegal.

La Agencia Tributaria, con el objetivo de facilitar la aplicación práctica de la mencionada Sentencia, aprobó unos modelos normalizados mediante los cuales los sujetos pasivos que así lo quisieran, pudiesen efectuar la solicitud del impuesto soportado indebidamente.

No obstante, no sabemos si por olvido o intencionadamente, la Agencia Tributaria únicamente permite utilizar dichos modelos normalizados en el caso de que las cantidades cuya devolución se pretende provengan de ejercicios no prescritos.

En efecto, es cierto que, dado el tiempo transcurrido desde los devengos respectivos, no es posible acudir a un procedimiento de reclamación de devolución de ingresos indebidos, por aquellos ingresos de naturaleza tributaria que hubiese obtenido la Administración Tributaria española en aplicación de una norma con rango de ley, aunque ésta haya devenido nula de pleno derecho.

Sin embargo, sí que existe otro procedimiento que puede utilizarse, y de hecho se está utilizando, para reclamar al Estado español la restitución del daño causado por una incorrecta transposición de la normativa comunitaria, y que, a la postre, ha resultado perjudicial para los intereses del contribuyente.

Este procedimiento especial de demanda de responsabilidad patrimonial al Estado legislador está siendo utilizada por numerosos contribuyentes y, desde nuestro punto de vista, entendemos que con bastantes probabilidades de éxito, en la medida en que existen todos los condicionantes necesarios para concederla.

Le invitamos a que contacte con sus abogados o asesores fiscales para que valoren la posibilidad de explorar la citada vía. En cualquier caso, SWAN Partners se pone a su disposición para efectuar esa primera valoración, sin compromiso alguno, y determinar su posición jurídica y sus probabilidades de éxito.