El Consejo General de la Abogacía Española sostiene que la autorización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los tribunales y juzgados faciliten a la Agencia Tributaria (AEAT) datos relativos a la actuación de cada abogado y procurador en los procedimientos judiciales de 2014, 2015 y 2016 siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de todos los abogados procesalistas y se basa en un concepto – la “trascendencia tributaria”- ambiguo y jurídicamente indeterminado. + Info en El Derecho