Con motivo del inicio de la campaña de declaración del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2016, conviene realizar una especial mención a la tributación en el Impuesto de las cantidades percibidas en concepto de devolución de cláusulas suelo, así como la tributación de las devoluciones de cantidades derivadas de la anulación por sentencia.
El Real Decreto ley 1/2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, el cual tiene por objeto establecer medidas relativas a la devolución de cantidades satisfechas por consumidores a entidades de crédito en concepto de determinadas cláusulas suelo, introdujo una modificación con efectos desde la entrada en vigor del citado real decreto-ley, y para ejercicios anteriores no prescritos, añadiendo una nueva disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, la cual determina el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos
celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales.

Así pues, y según la disposición adicional citada de la ley de IRPF:

No se integrará en la base imponible del IRPF la devolución derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos.”

Una vez llegado a este punto, hay que diferenciar entre el tratamiento fiscal en función de si formaron en ejercicios anteriores parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones autonómicas, o bien si tuvieron la consideración de gasto deducible:

Para ello, la disposición adicional establece que cuando tales cantidades en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, debiendo sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusión de intereses de demora, no resultando de aplicación la adición respecto de la parte de las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.

Para ello, habrá que tener en cuenta el límite de deducción por adquisición de vivienda habitual para cada ejercicio así como las cantidades que formen parte de la base de deducción, ya que se puede dar el caso, en que se siga teniendo derecho a la aplicación del límite máximo de deducción, aun habiendo regularizado los intereses abonados por cláusula suelo, lo que supondría la no presentación de una declaración complementaria.

Por otro lado, cuando tales cantidades hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación se perderá tal consideración, debiendo practicarse
autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este Impuesto.

En el supuesto en el que se hubieran satisfecho cantidades por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de autoliquidación por este Impuesto no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de devolución de las mismas celebrado con la entidad financiera, no formarán parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica alguna ni tendrán la consideración de gasto deducible.

Gastos de abogado, procurador, tasas judiciales y costas procesales.

Respecto de los gastos en los que haya incurrido el contribuyente a efectos de demandar a la entidad bancaria y obtener la anulación de la cláusula suelo, relativos a abogados, procurador y tasas judiciales, los mismos formaran parte de la base de deducción por adquisición de vivienda habitual como mayor coste de financiación, DGT V-0237-15 de 21 de enero de 2015.

No obstante ello, en relación a las costas procesales las mismas tendrán la consideración de ganancia patrimonial, debiendo declararse en el ejercicio en que adquiera firmeza la sentencia que impone la condena en costas, sin que proceda la imputación como pérdida patrimonial por el importe de gastos de abogado y procurador debido a la consideración de pérdida patrimonial debida al consumo
art.33.5 b) LIRPF, motivo por el cual no tendrá la consideración de pérdida patrimonial.

Contribuyentes con sentencia favorable previa a la entrada en vigor del Real Decreto 1/2017 de 20 de enero

Para aquellos contribuyentes que ya obtuvieron una sentencia favorable, y regularizaron sus declaraciones de IRPF previamente, podrán solicitar la devolución de los intereses de demora que tuvieron que incluir en su declaración al regularizar las cantidades indebidamente deducidas por inversión en vivienda, y la devolución de los intereses indemnizatorios que incluyeron en su IRPF como ganancia patrimonial. Es por ello, que se extienden los beneficios (regularización de la inversión en vivienda sin intereses, y no tributación de intereses indemnizatorios), a aquellos que obtuvieron una sentencia judicial antes de la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2017 de 20 de enero.